18.3.07

El mar encabritado

Ni se le ocurra tararear a Mozart
Soledad Gallego-Díaz
Publicado en El País el viernes 16 de Marzo de 2.007

Cada vez que la Orquesta Nacional interpreta a Mozart y lo hace con una
partitura que haya sido publicada hace menos de 70 años, paga derechos de
alquiler por uso colectivo, no a Mozart, por supuesto, sino al editor de esa
partitura. Cada vez que hace una fotocopia de alguna de las partes
instrumentales de esa partitura, digamos los violines o los clarinetes, lo que
hasta un sordo comprende que es imprescindible para que la orquesta funcione,
vuelve a pagar por derechos de reprografía. Cada vez que se publica una nueva
edición crítica de una obra clásica, las orquestas se echan a temblar: algunos
directores quieren trabajar con esas partituras (que quizás han modificado
algunas notas del total de la obra) y eso supone pagar, no por su compra (que
las editoriales no permiten) sino por su alquiler, una y otra vez, cada vez que
la orquesta actúe. Y por supuesto, si el concierto va a ser retransmitido por
radio o por televisión, hay que volver a pagar otra vez, otra cantidad, por uso
público. También hay que pagar si en el programa de mano se les ocurre
reproducir el texto de algunas de las partes cantadas de una obra, si se ha
sacado de un libro publicado, igualmente, hace menos de 70 años.
Hace relativamente poco a un Instituto Cervantes en un lejano
país se le ocurrió digitalizar El Quijote y colgarlo de su página web, con tan
mala fortuna que eligió una edición que tenía menos de 70 años. La reclamación
de derechos fue tal que tuvo que retirar el texto a toda velocidad. Es posible
que la lectura de El Quijote en público con motivo del Día del Libro sea un
delito: depende de la edición que se haya elegido. Habría que investigarlo.
De momento, lo que está claro es que a partir de ahora va a ser delito que
las bibliotecas públicas presten libros gratuitamente, sin pagar un canon a sus
autores. Se suponía que la no existencia de un ánimo de lucro, su papel en la
promoción de la lectura, su función como difusores y conservadores de la obra de
esos autores, justificaba que el préstamo de libros no se sometiera a la
omnipresente Ley de la Propiedad Intelectual. Vana suposición. Se diría que la
ofensiva neoliberal contra todo lo que es público ha alcanzado su propia
caricatura. Como escribió alguien recientemente en uno de los centenares de
blogs que han surgido en contra de esa iniciativa: si todo es privado, reclamo
el uso de mi nombre y me niego a que Hacienda lo escriba en el sobre en que me
manda cartas.
Justo es decir que la culpa de lo que va a ocurrir con las
bibliotecas públicas no es del Ministerio de Cultura, que defendió hasta el
final su negativa a imponer ese gravamen, sino del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea, gran defensor de los derechos de autor y de reproducción.
Que
lo haya decidido así el Tribunal europeo sólo quiere decir que existe una
directiva de la Comisión, la 92/100, que impone ese canon. Es ahí, en Bruselas,
donde los ciudadanos de toda Europa deberíamos protestar contra esa mezquina
interpretación de la propiedad intelectual. ¿Acaso los libros de las bibliotecas
no han sido comprados y pagados? ¿Qué es lo que van a perder realmente los
autores? ¿no serán en realidad las sociedades gestoras de los derechos las que
están actuando como codiciosos recaudadores? ¿Empezarán a pedir pronto que los
ciudadanos que tenemos libros en casa paguemos un canon ante la evidencia de que
también los prestamos? ¿Qué les parece aumentar el precio de los libros un euro
para que la Sociedad General de Autores y CEDRO (Centro Español de Derechos
Reprográficos) cobren por adelantado el riesgo de que se vaya a prestar a un
amigo o vecino?
La ministra de Cultura ha dicho que no serán los usuarios
quienes paguen el canon por el préstamo. Está bien. Lo pagarán los presupuestos
de las bibliotecas: ¿será un gran éxito para los autores conseguir que haya
menos dinero para comprar nuevos libros? Al parecer hay muchos escritores que no
quieren que las bibliotecas les paguen por el préstamo de sus libros. Quizás se
pueda elaborar la lista de quienes renuncian a ese derecho y limitar las compras
de las bibliotecas públicas a los autores que se inscriban en ella. Una última
cuestión, ¿se aplica el canon a los libros prestados en bibliotecas de colegios?
Si es así debería crearse inmediatamente otro canon para dar un euro a cada niño
que consiga leer el Viaje a la Alcarria. Qué menos.



Vínculo: Richard Stallman y la apoteosis de la ciencia-ficción en materia intelectual.

No hay comentarios: