El derecho a pensar de otra manera

No creo que la familia cristiana esté al borde de la extinción. Ni que el gobierno la amenace. Los tiempos son otros y a ellos conferimos la caprichosa facultad de reformular el modo en que se entiende las cosas. A falta de ángeles y demonios, convencidos de que la fe es una opción íntima y en modo alguno, bajo ninguna circunstancia, un credo religioso pueda interferir en el aparato del Estado, caminamos hacia una tiniebla de moral difusa, en voz de algunos, o hacia un territorio feliz, contaminado de alegre progreso y jubilosamente representado por la laicidad de una sociedad que se obceca en adquirir cierta soltura en el manejo de problemas que antes pasaba por alto y que ahora está en disposición de franquearlos. La religión no maneja los mismos parámetros sociales que un gobierno o una asociación de vecinos (de vecinos laicos, claro); ni siquiera la religión, repujada de preceptos y alicatada de severas normas de conducta, representada por la cúpula eclesial, puede emitir juicios acerca de lo que, fuera de su estricto ámbito de militancia, le compete. A la Iglesia le convienen las masas como las del domingo, que reventaron Colón y clamaron (legítimamente) por lo que les afecta. A la Iglesia le conviene magnificar un modelo de familia que ha subsistido dos milenios al amparo de sus bendiciones y conforme al (según ellos) modo natural de celebrar la vida en comunidad. La pareja que no podía divorciarse, unida canónicamente, festejada su alegría vital ante los ojos de Dios, se divorcia ahora y festeja que el Estado, investido para ese menester, rompa ese vínculo y repare el error. Porque el ser humano, a pesar de que lo vigile el ojo de la divinidad, yerra, comete faltas que luego quiere enmendar. Vino el otro día Rouco Varela a decir que el Gobierno ha facilitado esta frivolidad amorosa al crear un marco jurídico cómplice y malévolo. Ignora la cúpula eclesial que el Estado no conmina a sus ciudadanos a que se divorcien o a que aborten. Tampoco premia al homosexual por serlo, aunque haya medidas que intenten paliar el déficit de ayudas sociales a que su diferencia sea razonablemente compensada. El Estado elabora leyes que preveen anomalías en el funcionamiento natural de las cosas (qué sé yo: una pareja que deja de amarse, una joven que decide abortar, un homosexual que desea contraer matrimonio...) pero no fomenta el desamor ni anima a la interrupción del embarazo ni a la creación de comunidades gay a diestro y siniestro. O la Iglesia se equivoca o se equivoca el Estado, pero el pueblo, a la luz de lo visto, a pesar de Colón, se divorcia y aborta y va menos a misa y recela cada día más de una institución caduca, que no progresa con los tiempos y que se obstina en moldear a su capricho la moralidad de la sociedad, cuando hace tiempo que la sociedad (o una muy considerable parte de ella) ha descreído de este patrón de comportamiento y ha buscado (fatigosamente) otros modos de felicidad. También hay leña política a punto de prender cuando la Iglesia se afilia a la derecha o cuando la derecha se enroca con la Iglesia: en democracia, cuando Aznar escribía las leyes, también había divorcios y había abortos. Evidencia de que los tiempos no son tan terribles es que el Episcopado pudiera cortar una ciudad o una parte inmensa de ella y que una misa fuese celebrada en una plaza a la vista de quienes no la comparten y retransmitida como lo que es, un acto multitudinario que requiere un seguimiento informativo. Por lo demás, no hay hostilidad. A mí me parece muy bien que la gente vaya a misa. Cosa distinta es que los asistentes piensen que lo que hacen, aparte de confirmar sus creencias y sentir el júbilo de la fe, mueve a quienes no van a pensar como ellos piensan. Bien podría haber sido al contrario y que el pueblo laico, el que respeta a los demás, pero no comulga con lo que piensan, hubiesen ocupado Colón para ejercer su derecho a la disidencia y manifestar (fue una manifestación lo de Colón, una manifestación vestida de homilía) que se puede pensar de otra manera. De hecho, algunos pensamos.